Juan Manuel Ostoja es Presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) y MBA por la Universidad de Chicago

La educación universitaria de un país define a su clase dirigente. La calidad de nuestras universidades es un indicador del tipo de proyecto nacional que nos hemos propuesto como nación. El Bicentenario es una excelente oportunidad para unificar criterios de colaboración y fomentar que nuestra estrategia en educación superior sea una en la que el sector privado y el Estado colaboren de manera decidida y permanente.

En tal sentido, uno de los retos en educación, es el de adecuar la legislación universitaria a las necesidades de un país moderno. Para nadie es un secreto que tener políticos y profesores formados en el siglo XX puede convertirse en un problema si olvidamos que las nuevas generaciones rumbo al Bicentenario pertenecen al siglo XXI. La brecha generacional debe ser superada, más aún si algunos políticos anclados en el siglo pasado insisten en defender un sistema anticuado que no recoge los retos de la cuarta revolución industrial y las nuevas exigencias del mercado laboral. El sistema universitario peruano debe facilitar la modernidad.

Existe consenso sobre la necesidad de mejorar la calidad de nuestras universidades. De la calidad de éstas depende el futuro inmediato del país. Hemos tenido importantes avances en el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de nuestras universidades, a través del proceso de Licenciamiento Institucional dirigido por SUNEDU. Es necesario que este proceso continúe con el cierre de aquellas universidades cuyas licencias han sido denegadas y que no cumplen con las condiciones mínimas de calidad que exige la ley.

Ahora bien, todo es perfectible. Ocasiones como las del Bicentenario nos retan a seguir mejorando nuestro modelo educativo universitario. El Perú no puede darle la espalda a la transformación digital en educación. Si no participamos de esta revolución tecnológica quedaremos rezagados como país. Mientras en el resto del mundo existe una tendencia creciente en el uso del e-learning, en las universidades peruanas la actual Ley limita el empleo de esta herramienta tecnológica, privando a nuestros jóvenes del acceso a un mundo de conocimientos.

Otro punto que debemos revisar en la Ley es la exigencia anti técnica de que nuestros alumnos no puedan adelantar su carrera universitaria y estén obligados a terminarla en cinco años. Por esta limitación, jóvenes talentosos que ya han cumplido con los créditos académicos necesarios para graduarse, no lo pueden hacer y tienen que esperar a que se cumpla el período legalmente impuesto de cinco años, para recién poder graduarse, perdiendo ofertas laborales o debiendo posponer sus estudios de posgrado. Esto definitivamente resta competitividad y desmotiva a nuestros jóvenes.

Modernizar la actual Ley Universitaria implica articularla con una visión realista de las necesidades de la economía nacional. Los universitarios, en su gran mayoría, se incorporarán al mercado laboral. SUNEDU debería incluir en su Consejo Directivo un representante del sector que genera el empleo para estos profesionales universitarios, un stakeholder fundamental para comprender qué tipo de perfil competitivo exigen las empresas. Todas las voces son importantes, la de la universidad, la del Estado, y también la de los futuros empleadores.

A casi cinco años de la promulgación de la Ley Universitaria urge apoyar la iniciativa del MINEDU de continuar con la reforma universitaria. Modernizar la Ley respetando su objetivo de mejorar la calidad es la ruta adecuada para formar a nuestros jóvenes rumbo al Bicentenario. ¡Manos a la obra!