Desde hace unos meses, algunos congresistas vienen promoviendo una serie de iniciativas legislativas en materia de educación que buscan regular las pensiones y matrículas de los estudiantes de instituciones educativas privadas. Este tipo de proyectos afectan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y pueden agravar la precaria situación económica que vienen pasando las instituciones privadas a raíz de la COVID-19, poniendo en riesgo su funcionamiento y ocasionando el posible cierre de hasta 10 universidades licenciadas y 500 institutos tecnológicos privados.
Informes emitidos por respetados constitucionalistas como Natale Amprimo y Víctor García Toma coinciden en señalar que los mencionados proyectos de ley, que buscan rebajar pensiones o suspender cobros, contravienen el principio constitucional de jerarquía normativa, ya que vulneran derechos como la libertad de empresa, el derecho de propiedad, la autonomía universitaria, entre otros, transgrediendo nuestra Constitución Política y quebrantando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su articulado referente al derecho a la educación.
La promulgación de estos proyectos perjudica directamente a las instituciones privadas que, a raíz de la crisis sanitaria, han tenido que invertir más allá de lo programado recurriendo, en algunos casos, a fuentes externas de financiamiento para adquirir plataformas tecnológicas y equipos para la enseñanza no presencial, capacitar al docente en educación virtual, otorgar becas de emergencia, refinanciar las cuotas de las pensiones, exonerar de intereses y gastos administrativos, así como entregar equipos y subvencionar recargas de internet a estudiantes y profesores con falta de conectividad.
El alto número de empresas y negocios que han cerrado y las proyecciones de aumento de desempleo en el Perú han tenido un impacto muy grande en la educación superior privada, provocando una deserción mayor al 15% y que llegaría al 35% para el próximo semestre. Además de un aumento de la morosidad en los pagos de las pensiones que llega a niveles del 50%, lo que hace insostenible el mantenimiento de las universidades privadas.
La suma de iniciativas legislativas presentadas en el Parlamento, más los graves problemas económicos que venimos atravesando, forzaría el cierre de universidades licenciadas e institutos privados, afectando a más de 500 mil estudiantes de educación superior que corren peligro de dejar de estudiar este año. Debemos evitar el serio riesgo de retroceder 10 años la tasa de cobertura en educación superior, restando recursos humanos calificados al país que, en el corto, mediano y largo plazo, incidirá negativamente en la competitividad y desarrollo del Perú.
Es importante que nuestros parlamentarios, respetando el artículo 23 del Reglamento del Congreso de la República, que establece la obligación de cumplir y hacer cumplir la Carta Magna, las leyes del Perú y su propio reglamento, no atenten contra la educación peruana. Sería mejor promover un debate técnico-académico, conforme al artículo 70 del mencionado reglamento, y formar una comisión especial que se encargue de revisar a profundidad dichos proyectos, tomando en cuenta las opiniones de expertos y desarrollando una solución que no contravenga nuestra legislación ni perjudique a la educación o a nuestros jóvenes.
(Foto: Reiner Díaz/Flickr)
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